¿Dónde está Miguel*?

Separan por la fuerza a una adolescente que quedó embarazada de un vigilante de seguridad de la Comunidad de Madrid y a su bebé de 11 meses

Laura* es una adolescente a la que la Comunidad de Madrid acogió cuando tenía 14 años. Varios meses después quedaba embarazada, presuntamente de uno de los guardas que vigilaban la Residencia Infantil “Las Acacias”.

A los 11 meses de dar a luz, Laura ha sido separada a la fuerza de su bebé y ni si quiera ha sido informada de dónde está.

La Defensora del Pueblo ha pedido al Fiscal General del Estado que intervenga. Las responsabilidades penales podrían llevar a varios funcionarios públicos a sentarse en el banquillo por encubrir o consentir las relaciones sexuales del vigilante con la niña.

¿Por qué se les separa?

El 28 de Octubre de 2010, varios trabajadores de la Comunidad de Madrid acudían al centro de menores “Almenara” (donde vivían Miguel y su madre) para llevarse al niño. Según la empresa que gestiona el centro, Laura era una madre “inconstante” y no era capaz de cuidar de Miguel sin ayuda. Pero lo cierto es que en esta separación se producen varios puntos que aún no han sido aclarados:

- La retirada de Miguel se basa únicamente en los informes emitidos por la empresa “Salud Mental Consulting S.L.”. Según la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Laura tenía derecho a ser escuchada previamente por los funcionarios de la Comunidad de Madrid que tomaron esta drástica decisión sin ni siquiera conocerle personalmente. La técnico encargada de su expediente, Luz Jaramillo, se entrevistó con Laura por primera vez más de una semana después de los hechos.

- En el momento de la retirada, el propietario de “Salud Mental Consulting S.L.” estaba imputado por maltrato infantil en el juzgado número 7 de Collado Villalba, sin embargo la Comunidad de Madrid permitía que tuviese a su cargo a varas decenas de niños y niñas como Miguel y Laura.**

- Miguel y Laura eran los únicos niños alojados en la planta dedicada a madres adolescentes del centro. Al día siguiente de la retirada de Miguel, cambia la denominación de la planta y pasa a ser de carácter “terapéutico”, ingresando tres nuevos menores más. Si Miguel hubiese continuado allí, este cambio de denominación no se hubiera podido producir. Jiménez San Segundo ingresa, según el Defensor del Pueblo, aproximadamente 3.600 euros al mes por cada plaza en uno de sus centros. El cambio de circunstancias (con Miguel y Laura separados) supone para “Salud Mental Consulting S.L.” un aumento en sus ingresos mensuales de 14.400 euros, al permanecer la niña en “terapia” e incorporar tres plazas más.

Defensora del Pueblo, Fiscal General del estado y presuntos abusos sexuales

El 11 de noviembre, Laura, desesperada tras 10 días sin conocer el paradero de su bebé, escapa del centro y acude a pedir ayuda a la Oficina del Defensor del Pueblo. Allí, lo que comenzó por una queja ante la desaparición del niño, termina descubriendo posibles delitos aún más graves.

Cuando a Laura se le pregunta quién es el padre de Miguel, comunica que se trata de uno de los vigilantes de seguridad que estaba a cargo de la seguridad de finca de la Residencia Infantil “Las Acacias”***, interviniendo cotidianamente en el interior de la misma. La niña presenta como pruebas mensajes y correos electrónicos del vigilante (de 36 años de edad) donde le promete que abandonará a su esposa para “estar con ella”. Según cuenta Laura, la relación (penalmente un abuso sexual por parte de un adulto que se aprovecha de una niña en situación de desamparo a la que debe cuidar) fue conocida por varios funcionarios públicos de la Comunidad de Madrid, que la encubrieron para evitar un escándalo.

Ante la gravedad de los hechos, la Defensora del Pueblo personalmente se compromete ante la niña a hablar con Esperanza Aguirre y comunica de forma urgente al Fiscal General del Estado la existencia de indicios de delito, informando a Laura de ello. Además, Laura (definida por “Salud Mental Consulting” como una madre “inconstante”) ha acudido a las siguientes instituciones: Defensor del Menor, Agencia de Protección de Datos, Fiscalía de Menores, Hospital Puerta de Hierro (donde nació su hijo), Servicios Sociales y asociaciones de defensa de la infancia. Todas las instituciones salvo la Comunidad de Madrid se han hecho eco de la gravedad de los hechos. Por el contrario, los responsables de la tutela de Laura le han despojado de todos sus derechos: ni le han proporcionado asesoramiento jurídico ante los presuntos abusos sexuales que ha sufrido, ni le han ayudado a obtener el reconocimiento de la paternidad del vigilante, ni le han proporcionado un abogado para defenderse de la separación de su hijo.

¿Dónde está el bebé?

Miguel y Laura, ambos sujetos a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, deben reencontrarse inmediatamente. Cada día que pasan separados supone una tortura para la adolescente y una violación de los derechos del bebé. Miguel y Laura están ambos tutelados por la Comunidad de Madrid, y no pueden vivir separados. Se teme que desde la C.A.M. pretendan entregar a Miguel en adopción, borrando así de un plumazo las pruebas de negligencias y abusos sexuales, pero si alguna familia pretende adoptar al bebé, tendría que adoptar también a su madre adolescente.

Además, ninguno de los funcionarios implicados en este caso puede permanecer impune. Aquellos funcionarios que acogieron a una niña de 14 años, permitieron presuntamente que sufriese abusos sexuales y probadamente que quedase embarazada prematuramente para después ser separada de su hijo, no pueden mantener ni un día más la tutela de los cientos de niños y niñas declarados en desamparo en la Comunidad de Madrid.

Ultima hora

Ayer lunes, y ante la presión de las distintas instituciones a las que ha acudido Laura, la Comunidad de Madrid le permitió ver a Miguel durante una hora. Sin embargo, se le ha comunicado que probablemente hasta dentro de un mes no pueda volver a saber de él, y en estos momentos su paradero vuelve a ser desconocido.

Si no se reestablece de inmediato la convivencia de madre e hijo y se despeja la impunidad que rodea los hechos, se prevé una intensa campaña de movilizaciones en las que tu apoyo también es necesario.
Para contactar: buscamosamiguel@gmail.com

Notas:
* Laura y Miguel son los nombres ficticios que hemos asignado al bebé de 11 meses y su madre (que ahora tiene 17 años) para proteger su intimidad.

** La empresa, propiedad de Ignacio Jiménez San Segundo, posee otros cuatro centros más, y en el de Galapagar varios adolescentes habían denunciado todo tipo de malos tratos y vejaciones. El Defensor del Pueblo realizó una investigación sorpresa y encontró varias cuerdas con las que se ataba a los niños cuando estaban nerviosos. Más información:

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/05/19/madrid/1274277863.html

*** El vigilante, cuyas iniciales corresponden a J.T.G.M. estaba sub-contratado por la Consejería De Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid a través de la empresa CERES-Seguridad Integral S.A.

http://www.dondeestamiguel.com/

2 años de la muerte de Hamid. ¡Ni olvido ni perdón! Cerremos Picón de Jarama! MANIFESTACIÓN SÁBADO 11 DICIEMBRE 2010 18:15H Plaza de la Constitución (

Hace dos años, Hamid A., apareció muerto en el interior de Picón de Jarama. Era el segundo chaval que moría bajo custodia de O’Belén; antes había fallecido David, de 12 años, en Elche y meses después moriría Saray, de 14 años, camino al centro “Casa Joven”. Según testimonios de sus compañeros Hamid se ahorco estando en aislamiento, pese a que éste es un castigo prohibido por las Naciones Unidas precisamente porque genera riesgo de suicidio en los niños.

La fundación O’Belén es una de las empresas disfrazada de ONG´S que gestionan centros de menores cerrados. Los adolescentes son una buena fuente de negocio ya que, la comunidad entrega 3.800 euros mensuales por cada plaza. Además, tiene financiación externa que procede de aportaciones “solidarias” de entidades privadas como inmobiliarias que luego acaban recibiendo los contratos para construir sus centros de menores.

Los menores son encerrados sin haber sido condenados por ningún delito, se recluye a los chavales del sistema público de protección de menores porque tienen supuestos “problemas de conducta”. Son encerrados indefinidamente en Picón de Jarama sin posibilidad de defender su libertad puesto que en teoría es una residencia de protección y les esta “re-educando”.
A parte de una vida sin libertad, dentro de estos centros como dentro de toda cárcel solemos encontrar:

Torturas psicológicas
Inasistencia médica
Torturas físicas
Medicación forzosa, psicofármacos sin prescripción médica simplemente “para que los chavales estén tranquilos”
Aislamiento.
Cacheos integrales, humillación, hacerles desnudarse porque si y ponerles de cuclillas.
Violación de la libertad de comunicación.
Muertes, suicidios...etc.

Con la movilización de la gente se ha conseguido que dos centros de O’Belén, Casa Joven y Nuestra Señora de la Paz se hayan cerrado, junto con “La Jarosa” son ya tres los centros que se han clausurado; el presidente de O’Belén, Emilio Pinto, fue forzado a dimitir, siendo sustituido por Javier San Sebastián; grandes empresas que patrocinaban a la “ONG” la han abandonado (Ibercaja, Peugeot, Endesa y MAPFRE); El aislamiento y las palizas son menos continuas y la medicación se usa de forma menos arbitraria, también han sido despedidos parte de los “educadores” que trabajaban en este centro.

Sin embargo aunque haya despidos va a seguir habiendo contratos, aunque hay empresas que han dejado de patrocinar va a seguir habiendo otras que lo hagan, se van a seguir financiando estas instituciones, a los chavales se les sigue y se les va a seguir medicando y maltratando (partiendo de la base de que al encerrar a una persona entre unos muros se le esta maltratando).
Es importante que se luche y se vayan consiguiendo cosas pero mientras sigan existiendo este tipo de centros, lo mencionado anteriormente seguirá ocurriendo, la solución no es que este tipo de instituciones cambien, sino que desaparezcan.

¡ABAJO LOS MUROS DE LOS CENTROS DE MENORES Y DE TODAS LAS PRISIONES!

Convoca: Asamblea contra los centros de menores http://www.centrosdemenores.com/

¿Cómo ir? Bus 211, 214, 256 Metro Barajas. Para ir en coche: Carretera M-111 que se coge desde la M-50 y desde el pueblo de Barajas Salida en grupo desde el Metro Barajas a las 17:30h

Alrededor de 60 personas marchan en Galapagar para solidarizarse con l@s chavales encerrad@s

Pese a las dificultades (el servicio de trenes fue suspendido a causa de las tormentas y la mayoría de l@s asistentes tuvo que acudir por carretera), alrededor de 60 personas marcharon ayer por Galapagar para exigir que el centro de menores de la localidad se cierre de una vez.

La marcha transcurrió entre el sonido de petardos, gritos de solidaridad e iluminada por antorchas que portaban vari@s de l@ manifestantes. La Guardia Civil había “tomado” parte del pueblo, y algunas personas fueron retenidas temporalmente en un control “preventivo” a la entrada de la localidad, pero pese a todo, la solidaridad fue más fuerte y la marcha pudo realizarse.

Después de alrededor de una hora de marchar por los alrededores, l@s manifestantes llegaron a la puertas del centro de reclusión, donde se encuentran encerrad@s chavales que no han podido ni intentar defenderse en un juicio, sino que son encerrad@ por decisión arbitraria de sus tutores, funcionarios de la Comunidad de Madrid como Victoria Ruiz Pérez, directora del área de coordinación de centros del Instituto Madrileño del Menor y la Familia.

En la entrada de “Hogar Galapagar” volvieron a producirse gritos de apoyo a los chavales, insistiendo en que “los centros de menores son centros de exterminio” y haciéndoles saber que “no estáis sólos/sólas”.

Tuvimos la alegría de encontrarnos en Galapagar con Margarita, madre de Miguel el adolescente que apareció muerto el año pasado en el centro de menores Illundain y que sigue luchando con todas sus fuerzas contra la impunidad y el olvido. También nos encontramos con varios miembr@s de ANPRODEFA que han sido separados a la fuerza de sus familiares menores de edad por la administración, así como de varios chavales que han sufrido en sus carnes el maltrato de Salud Mental Consulting S.L., empresa gestora de “Hogar Galapagar” y otros 4 centros más en la sierra de Madrid.

Pudimos compartir lucha también con un grupo de estudiantes de Educación Social, venidos desde Castilla-La Mancha y que se niegan a que su futuro empleo sea lo opusto a aquello para lo que están estudiando.

La lucha sigue. Contra la impunidad, acción directa.

Marcha convocada por UAR-Villalba (Colectivo Anarquista Oveja Negra y Ateneo Sierra y Libertad)

JORNADA CONTRA LOS CENTROS DE MENORES

Los medios se hacen eco de la situación de los jóvenes del centro de menores de Galapagar

Los dos jóvenes que presentaron sendas denuncias contra un centro terapéutico de menores con trastornos de conducta de Galapagar por presuntos malos tratos físicos y psíquicos por parte de varios educadores a los internos afirmaron hoy que los cuidadores los “pegaban, ataban y medicaban a la fuerza”.

En declaraciones a Europa Press, Juan Carlos, uno de los denunciantes, aseguró que los educadores les “ataban a la cama durante noches enteras y no les dejaban ir al instituto” como forma de castigo.

Juan Carlos estuvo un año y un mes sufriendo, según él, este tipo de vejaciones. “Nos pegaban, nos ataban y nos medicaban a la fuerza”, contó. Además añadió que les castigaban sin ir a clase. “Los profesores del instituto sabían de nuestra situación y querían hablar con ellos pero todavía no sé si lo han hecho”, señaló.

Sólo dos de los 17 adolescentes que compartían con ellos esta situación se han atrevido a denunciar. “Ellos tienen miedo porque una vez uno de ellos denunció a un educador y ya no está allí, le echaron”, aseveró. Asimismo, Juan Carlos explicó que no eran todos los educadores los que maltratan a los internos, sólo “los del turno de tarde y entre semana”.

Santiago Agustín, psicólogo especializado en adolescentes, ayudó a estos jóvenes con la denuncia y explicó que son muchos los jóvenes que cada dos o tres meses salen del centro “con la misma historia”. “Exigimos transparencia porque la situación es de completo descontrol y opacidad”, señaló.

El centro está gestionado por la empresa Mental Consulting S.L. y, como aseguró Agustín, no hay nadie que garantice que esas personas que trabajan con los “chavales” tengan un título o estén preparados para hacerlo. “No sabemos si hay psiquiatras, no sabemos que formación tienen esas personas que están cuidando de ellos, lo único que sabemos es que la Comunidad de Madrid da alrededor de 3.800 euros por menor al mes”, aseguró.

Agustín explicó que no es el primer caso de estas características en España y, por eso, el Defensor del Pueblo, Amnistía Internacional y, ahora, Naciones Unidas pidieron explicaciones al Gobierno de España ante esta situación. “Pero el Gobierno dice que es competencia de las Comunidades Autónomas y éstas de la empresa privada que se hace cargo de la casa de acogida”, señaló el psicólogo. Unas empresas que “no se sabe cuáles son”.

CAUSA PENAL

Por otro lado, un Juzgado de Collado Villalba podría investigar la denuncia interpuesta por los jóvenes contra un centro terapéutico de menores con trastornos de conducta de Galapagar por presuntos malos tratos físicos y psíquicos por parte de varios educadores a los internos.

Los jóvenes interpusieron la denuncia el pasado 7 de diciembre de 2009 ante el Decanato de los Juzgados de Plaza de Castilla. El escrito judicial recayó sobre el Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid, cuyo titular dictó el 22 de diciembre un auto de inhibición a favor de los Juzgados de Collado Villalba al ocurrir los hechos en Galapagar.

Según fuentes jurídicas, el juez ha dado traslado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la inhibición. Es previsible que el fiscal se mostró a favor y un juez de este partido judicial asuma este procedimiento judicial.

La Consejería de Familia y Asuntos Sociales recordó ayer que el fiscal ya visitó este centro en el que, según las denuncias, se cometen abusos contra los menores, y destacó que no se encontró “ningún problema”. La titular del departamento, Engracia Hidalgo, aseguró que no tiene inconveniente en comparecer ante la Asamblea como reclama el PSOE para dar explicaciones al respecto.

VÍCTIMAS DE VEJACIONES

En las denuncias, los chicos se declaran víctimas y testigos de los abusos que los educadores del turno de tarde cometieron contra ellos y una quincena de menores, entre los que destacan contenciones, agresiones, insultos o castigos injustificados, alegando “medidas cautelares”. Los denunciantes estuvieron ingresados hasta cumplir la mayoría de edad.

Según describe uno de los jóvenes en la denuncia, que responde a las iniciales J.C.V., interno en esta institución desde febrero de 2007 hasta marzo de 2008, desde el principio de su internamiento los educadores le obligaban a ducharse con agua fría, le daban golpes en la cabeza, le ataban a la cama durante noches enteras sin poder ir al baño o le administraban fármacos sin control médico. Asimismo, asegura tener conocimiento de que por las noches, estos empleados, en lugar de hacer su trabajo dormían en el centro dejando en desamparo a los menores internos.

La otra denuncia corresponde a J.A.G, interno en el centro de Galapagar durante tres años, de septiembre de 2005 a julio de 2008, y en la que el joven se declara víctima de castigos psíquicos como la obligación a ducharse delante de los educadores. Cuenta, además, que cuando pidió a uno de los empleados que respetara su intimidad, éste le respondió bajándose los pantalones y mostrándole sus genitales. Denuncia también que los educadores castigaban a los menores sin cenar o a permanecer en el jardín, durante horas y en pijama, a pesar de las bajas temperaturas.

En declaraciones a Europa Press, J.C.V indicó que los malos tratos descritos en la denuncia ya los conocía antes de ingresar en el centro, por lo que muchos menores podrían dar testimonio de los mismos. “Me fui de allí cuando cumplí la mayoría de edad y decidí poner la denuncia el año pasado porque la cosa estaba muy mal y tenía que contar lo que yo había vivido -explicó-. Sólo espero que cierren este centro y que tomen medidas contra los educadores que nos maltrataron”, añadió.

EL DEFENSOR DEL PUEBLO ESTUDIA LAS DENUNCIAS

Los abusos en varios centros terapéuticos de menores se dieron a conocer hace un año, tras la publicación de un informe del Defensor del Pueblo en el que destapaba estas conductas y en el que puso de relieve la necesidad de un protocolo común para todas las comunidades autónomas que regulara la atención de este colectivo de menores.

Sobre este último caso de Galapagar, fuentes del equipo de Menores de esta institución presidida por Enrique Mújica indicaron a Europa Press que están estudiando las dos denuncias y admitieron que parece que “hay contenido más que suficiente” para que el Defensor inicie una investigación.

Desde la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid alegaron que estas dos denuncias, que tienen fecha del 7 de diciembre de 2009, son falsas y que la Guardia Civil las ha archivado por ese motivo. Familia aseguró que el fiscal visitó el centro de menores de Galapagar sin encontrar “ningún problema” de maltratos.

Por su parte, la consejera de Familia y Asuntos Sociales, Engracia Hidalgo, declaró que comparecerá “sin problemas” en la Asamblea de Madrid para “explicar el funcionamiento de los centros de menores y sobre cualquier incidencia que se produzca en los mismos”, ya que es su “obligación como responsable de todos los menores que tiene la Comunidad de Madrid tutelados”.

Extraido de Europa Press y Ateneo Sierra y Libertad (UAR-Villalba)

MARCHA CONTRA LOS CENTROS DE MENORES

MARCHA CONTRA EL CENTRO DE MENORES HOGAR GALAPAGAR

SÁBADO 27-FEBRERO

19:00 en la estación de Galapagar-La Navata

NO MÁS MUERTES EN CENTROS DE MENORES

Hace un año moría en una celda de aislamiento Hamid, un chaval de 13 años que estaba en régimen de protección internado en el centro Picón del Jarama. Varios intentos de suicidio más se han producido en este centro desde entonces. En abril, moría Saray (de 14 años) al intentar escapar de Casa Joven, centro terapéutico donde supuestamente estaba siendo protegida. Y en 2007, David, de 12 años, aparecía muerto en extrañas circunstancias en Baix Vinalopó. Todos estos centros de protección de menores están gestionados por la misma empresa, la Fundación O´Belen. En febrero un demoledor informe del Defensor del Pueblo denunciaba lo que era un secreto a voces: que en los centros terapéuticos de menores se vulneran los derechos más básicos de los niños y adolescentes allí internados. Privación de libertad sin orden judicial, abuso de psicofármacos, celdas de aislamiento, castigos físicos, agresiones, gritos, insultos, amenazas y demás vejaciones son algo cotidiano en estos centros.

Gracias a la presión social ejercida, los centros terapéuticos que O´Belen gestionaba en Castilla La Mancha han sido cerrados, y el fundador y presidente de esta entidad tuvo que dimitir. Un gran paso en la lucha contra la tortura. Pero no es suficiente, muchos centros siguen abiertos. No vamos a permitir que el negocio del maltrato persista, amparado por la Comunidad de Madrid. El Instituto Madrileño del Menor y la Familia es cómplice necesario de lo que ocurre en los centros.

CONCENTRACIÓN ANTE EL IMMF (Gran Vía, 14) MIÉRCOLES 2 DE DICIEMBRE, 12 HORAS ¡CERREMOS PICÓN DEL JARAMA!

Convoca: Asamblea Contra los Centros de Menores Cerrados

Apoya: Coordinadora de Barrios

Para más información, www.centrosdemenores.com